Cuando triunfó la revolución cubana en enero de 1959 había en las masas identificadas con aquella sacudida victoriosa conciencia clara, casi unánime, acerca de las cosas que habría que cambiar en la sociedad. Entre ellas estaba el sistema electoral, considerado un factor propiciador de la corrupción política y la tiranía a que condujo.
Durante los 15 años iniciales de la revolución en el poder, la consigna de “elecciones, ¿para qué?”, surgida de una reflexión del líder de la revolución, Fidel Castro, hablaba del sentimiento general de que la revolución debía ser la fuente de derecho e instrumento para el ejercicio efectivo de la democracia.
El sistema electoral existente era copia del estadounidense, impuesto por la ocupación militar norteamericana que sufrió la isla desde 1898 hasta 1902 y practicado, con leves ajustes, en toda la etapa neocolonial hasta 1958. Estaba dispuesto como instrumento capitalista favorecedor de aquellos candidatos que movilizaran más recursos económicos para su campaña, lo que garantizaba que fueran los compromisos que adquirieran con los más acaudalados financistas los que determinaran quien sería el candidato ganador.
En tiempos de normalidad, la ciudadanía disfrutaba cada cuatro años del derecho a escoger a las máximas autoridades de la nación entre candidatos propuestos por partidos políticos que aseguraban el ejercicio real del poder a una oligarquía que nadie había elegido. Un cuadro similar se presentaba en el resto del continente.
Cuando las condiciones lo permitían, participaban en comicios fuerzas discrepantes que no significaran peligro real para el control de la situación y si se apreciaba una amenaza grave se recurría al golpe militar de Estado por parte de elementos de la oficialidad de las fuerzas armadas cuya fidelidad a los intereses de Washington estaba garantizada. Los golpistas habrían de ejercer el poder hasta que se pudiera regresar a la “democracia representativa”.
Las campañas electorales de los partidos políticos integrados en el sistema costaban muchos millones de dólares. Pululaba la propaganda de candidatos en la prensa, la radio y la televisión, así como en fachadas, postes, tendidos eléctricos y telefónicos.
Tan enorme inversión, desproporcionada respecto a la miseria que padecía la mayoría de la población, sería retribuida luego a sus benefactores por los políticos elegidos mediante favores emanados de la corrupción más impúdica.
Con la nueva institucionalidad que tomó cuerpo en 1976, 15 años después del triunfo revolucionario popular, entró en práctica un nuevo sistema electoral plasmado en la nueva Constitución que, a su vez fue discutida masivamente, con aportes y aprobación en referéndum de más del 97% del electorado nacional en ese año.
El nuevo sistema, que se ha ido perfeccionando a lo largo de muchos eventos comiciales, promueve la más activa participación popular y faculta a los ciudadanos para seleccionar, postular, elegir, controlar y revocar a sus represen¬tantes sin intermediarios. Eligen los candidatos en reuniones públicas y luego, mediante voto directo, secreto y voluntario -de entre todos esos candidatos así surgidos- a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. Son las Asambleas Municipales, integradas totalmente por delegados directamente electos en la base, las que acuerdan las candidaturas de delegados a las Asambleas Provinciales y las de Diputados a la Asamblea Nacional, que a su vez serán votadas por la población también de manera directa, secreta y voluntaria.
Las comisiones de candidaturas -encabezadas por designados de la Central de Trabaja¬dores de Cuba e integradas por elegidos de las organizaciones sociales, elaboran y presentan los proyectos de candidaturas para delegados a las asambleas provinciales y a las de Diputados nacionales.
Por ley, esas candidaturas deben estar integradas, en un 50%, por delegados de base y el resto seleccionados de entre propuestas de personalidades destacadas formuladas por las organizaciones sociales –obreras, campesinas, femeninas, estudiantiles, de vecinos y otras- del país y las provincias, según el caso.
Se distingue el sistema electoral cubano por el hecho de que no participa partido electoral alguno. El Partido Comunista de Cuba no es un partido electoral, sino la continuidad histórica del que José Martí organizó para promover la unidad de los cubanos para lograr la independencia de España y evitar la absorción de Cuba por Estados Unidos de la manera que lo hizo con Puerto Rico.
Es la Asamblea Nacional el órgano supremo del poder del Estado y el que elige de su seno a su Presidente, su vicepresidente y su secretario, así como al Consejo de Estado, órgano que la encarna entre sus períodos de sesiones. Tiene carácter colegiado y ostenta la suprema representación del Estado cu¬bano.
El sistema electoral cubano no puede considerarse alternativo del modelo que Estados Unidos considera único aceptable, porque aquel responde a un orden capitalista y el cubano, socialista, es
infinitamente más democrático y afincado en la solidaridad humana.
Manuel E. Yepe Menendez es periodista y se desempena como Profesor adjunto en el Instituto Superior de las Relaciones Internacionales de La Habana
manuelyepe.wordpress.com
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